CADENA RITMO 101.1 NQN SITIO OFICIAL
Tras presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para impugnar el fallo que lo obliga a cumplir la ley y transferir 2.5 billones de pesos a las universidades, el Gobierno buscará aprobar su propio proyecto de Financiamiento Universitario, el cual fue remitido en febrero pasado a la Cámara de Diputados.
Autoridades parlamentarias oficialistas afirmaron que el bloque La Libertad Avanza intentará reabrir en el Congreso la discusión sobre discapacidad y financiamiento universitario. El pasado sábado, el Ejecutivo envió al Senado un proyecto que modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Por su parte, en Diputados se retomará la discusión sobre la educación, reflotando un proyecto que el Gobierno había enviado en febrero y que, aunque fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias, nunca se trató. Desde el oficialismo aseguran que esta vez sí será abordado. En la oposición, en cambio, consideran que la demora se debió a la espera de un fallo judicial favorable.
No obstante, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Ejecutivo cumplir con la ley de financiamiento, lo que llevó al Gobierno a presentar un recurso per saltum ante la Corte Suprema.
### El proyecto
La ley vigente, que aún no se aplica, establece la recuperación salarial desde diciembre de 2023 hasta la fecha. En cambio, la propuesta oficial plantea una actualización escalonada de los sueldos básicos del personal docente y no docente de las universidades nacionales: un 4,1 % desde marzo de 2026, otro 4,1 % en julio y un tramo final en septiembre.
Además, aunque el proyecto mantiene la obligación de convocar a paritarias cada tres meses, elimina la cláusula que exige asegurar «en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)».
Un informe difundido por el Sindicato de Docentes de la UBA (Feduba) señala que el proyecto oficial «no reconoce la recomposición salarial correspondiente a 2023–2024, no garantiza actualizaciones salariales equivalentes a la inflación y omite la recomposición integral de los gastos de funcionamiento».
«En contraste con la ley actual, que obliga al Gobierno a adicionar más de 2,7 billones de pesos a las partidas salariales (+63,68%) en el presupuesto de 2026, el proyecto del oficialismo reduce esa suma a 187.744 millones de pesos (4,3%). Esto implica una diferencia de 2,5 billones que no percibirían los trabajadores de la universidad pública», señalaron desde Feduba.
Aunque fuentes del oficialismo indicaron que el texto fue consensuado con rectores, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) insisten en la necesidad de aplicar la ley vigente.
«Si no aparecen respuestas, si no se respeta una ley sancionada por el Congreso y si no se cumple un fallo judicial que exige su aplicación, anunciamos que volveremos a convocar a la sociedad argentina para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional», advirtieron el jueves desde el CIN, que también señaló que las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6 % desde 2023 hasta la fecha.
### Un conflicto que suma capítulos
El conflicto se agrava. La ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por primera vez en 2024, pero el presidente Javier Milei la vetó. En agosto de 2025, el Congreso sancionó nuevamente una norma que actualiza los gastos de funcionamiento y salarios en las casas de estudio. Milei volvió a vetarla, pero esta vez ambas cámaras lograron los dos tercios necesarios para insistir y revertir el veto presidencial.
A pesar de que el Ejecutivo promulgó la ley, suspendió su aplicación efectiva, lo que derivó en un escalamiento del conflicto en la Justicia.
En medio de este escenario, tras la victoria electoral y el recambio legislativo, el Gobierno intentó derogar la ley incluyéndola en un capítulo del Presupuesto Nacional. Esta maniobra provocó que el Capítulo XI del Presupuesto fuera rechazado en la votación particular, lo que significó que el Congreso volvió a respaldar la ley de Financiamiento Universitario.
