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La Sala D de la Cámara Nacional en lo Civil debe resolver en los próximos días si permite que la disputa judicial sobre la mudanza de la sede social de la AFA a un predio baldío en Pilar llegue a la Corte Suprema. El Gobierno nacional, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Procuración del Tesoro de la Nación, cuestiona esta relocalización, que impacta contra los intereses del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
En un recurso extraordinario de 37 páginas, firmado por la apoderada de la IGJ, representantes del Ministerio de Justicia y el procurador Sebastián Amerio —colaborador cercano del asesor presidencial Santiago Caputo—, se sostiene que la decisión de la Cámara “genera un grave precedente que debilita el poder de policía de todas las personas jurídicas en la República Argentina, instaurando un sistema de competencia asimétrica entre agencias estatales y propiciando la impunidad fiscalizadora mediante la relocalización de domicilios ficticios”.
Desde la representación del Estado Nacional se argumenta que la justicia civil validó equivocadamente un cambio de domicilio dispuesto unilateralmente por la AFA, con el objetivo de eludir el control societario de la IGJ. Esta había detectado importantes irregularidades en la documentación de la entidad deportiva, así como falta de información administrativa y financiera clave en varios balances, algunos de los cuales no se presentaron, a pesar de ser de cumplimiento legal obligatorio.
Los apoderados solicitan a la Corte que intervenga sobre la base de cinco agravios federales que, a su juicio, justifican su participación en el expediente. Entre ellos, destacan la “arbitrariedad” de la sentencia de la Cámara Civil que avaló la mudanza de la AFA.
Por su parte, la AFA argumentó que “no existe cuestión federal alguna que habilite la competencia excepcional de la Corte” y agregó que la sentencia de los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset “no negó las facultades legales de la IGJ, ni declaró la invalidez de las normas que las establecen, ni privó al organismo de ninguna de sus atribuciones”, sino que simplemente evaluó “si, en las circunstancias concretamente comprobadas en la causa, dichas facultades fueron ejercidas dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico”.
Precisamente, ese es el planteo del Gobierno: que Tapia y su equipo manipularon un supuesto cambio de sede para eludir los controles de la IGJ.
La controversia central gira en torno al traslado de la entidad desde su histórica sede en la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, hacia un predio en Pilar. Se habla de predio más que de inmueble, ya que en la dirección señalada como nueva sede de la AFA sólo hay un cartel clavado en medio del pasto, reflejo de la rapidez con la que se buscó, presuntamente, evadir la supervisión nacional.
El traslado fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General de la AFA el 17 de octubre de 2024 y luego inscripto por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. La Cámara Nacional en lo Civil consideró que el control sobre la legalidad de la Asociación pasó a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la IGJ no convalidó esta decisión, dado que su aprobación —mediante la validación de todos los balances y documentación— es requisito indispensable para que la transferencia de jurisdicción no sea considerada fraudulenta.
El Estado nacional argumentó que el fallo que respaldó la mudanza “convalidó un domicilio provincial por encima de la realidad fáctica constatada por los inspectores del Estado” y cuestionó que se haya aceptado el traslado pese a la “inexistencia de oficinas reales de administración de la AFA en Pilar al momento de la fiscalización”.
En respuesta, la AFA afirmó que la acusación carece de fundamento y sostuvo que, una vez inscrito el cambio de jurisdicción por la autoridad bonaerense, el control permanente sobre la entidad “quedó radicado en la provincia de Buenos Aires y ya no en la órbita nacional”.
Además de solicitar que no se conceda el recurso extraordinario, la AFA advirtió que, en caso de que la Cámara habilite la instancia federal, pedirá a la Corte Suprema que confirme el fallo que anuló la Resolución Particular 140/26 de la IGJ, así como la resolución del Ministerio de Justicia de la Nación que había designado veedores en la AFA por un plazo de 180 días.
